FIDE - Fundación Iberoamericana para el Desarrollo

Según el Banco Mundial, los precios de los alimentos básicos se han incrementado en un 83% de media, lo que está provocando el aumento del número de hambrientos de todo el planeta. Pero esta crisis no se debe ni a la falta de alimentos ni exclusivamente a los agrocombustibles: es el resultado de las políticas agrícolas de las últimas décadas.

La semana pasada tuvo lugar en Berna (Suiza) una reunión de los directores de las agencias especializadas de Naciones Unidas, Fondos y Programas e Instituciones de Bretton Woods, para diseñar un plan de choque y acordar las medidas a poner en marcha en respuesta a la actual crisis de los precios de los alimentos. Y es que la situación no es para menos, aunque esta crisis alimentaria no es ni fortuita ni ocasional: desde hace años, diversas instituciones y colectivos como la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” y la ONG Ayuda en Acción venimos alertando sobre lo que ahora está en el centro de la actualidad: que el incremento de los precios de los productos básicos se debe, fundamentalmente, a políticas agrícolas focalizadas en el comercio en lugar de en la subsistencia humana.

Aunque habrá casos en los que irremediablemente se deba adoptar un enfoque humanitario, la crisis exige la puesta en marcha de políticas agrícolas pensadas desde la realización del derecho a la alimentación, de manera que no solo garanticen el acceso al alimento sino el acceso a los medios necesarios para obtenerlo o producirlo. Tal y como se ha acordado en Berna, deben establecerse medidas a corto, medio y largo plazo que aborden las causas estructurales que han conducido a la situación actual, máxime cuando se prevé que el zénit de los precios se alcance en 2009-2010. La situación actual debe servir como freno a las políticas agrícolas y comerciales que han conducido a esta situación.

Causas del incremento de precios

El incremento de los precios de los alimentos es resultado de la suma de diversos factores que se vienen generando desde hace décadas: la competencia por el uso de los recursos productivos, especialmente la tierra y el agua, con otros destinos como la producción de agrocombustibles; políticas agrarias diseñadas en función de la demanda del mercado internacional y no para garantizar la seguridad alimentaria de la población; la falta de inversión en agricultura; los efectos del crecimiento de países como China e India, con el consiguiente aumento del consumo de alimentos y de la demanda de productos cárnicos,...

Todas estas causas, sin embargo, podrían resumirse en una sola: la especulación financiera que sufren los alimentos debido a un modelo agrícola más enfocado al comercio que a la subsistencia humana. Mientras que 3 de cada 4 personas que padecen hambre son pequeños agricultores, campesinos sin tierra, pescadores artesanales o pastores, personas que viven en y del medio rural, en suma, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma que las inversiones agrícolas han descendido casi al 50%, en todo el mundo, durante la última década.

Soluciones a la crisis alimentaria

¿Y qué va a hacer la comunidad internacional en este contexto? En primer lugar, la misión de la FAO es garantizar la alimentación de la población y sin embargo, más de 50 años después de su creación, 854 millones de personas padecen hambre y más de 2.000 millones sufren lo que se denomina hambre oculta. Esto parece indicar que las estrategias empleadas para hacer real esa misión no han sido las más acertadas.

Se habla de aumentar el rendimiento de la producción agrícola como una de las soluciones a la crisis. En la región latinoamericana, sin embargo, se producen alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de una población triple de la que presenta (CEPAL, 2005), y alrededor del 11% de su población se encuentra desnutrida. Se apunta a una revolución verde en África subsahariana -donde el porcentaje de población desnutrida asciende al 33%-, a un sistema de ayudas a los pequeños agricultores para reducir el impacto de los precios de semillas, fertilizantes, etcétera. Pero, ¿se va revisar el modelo de agricultura y comercio vigentes? La crisis de los precios debe encararse desde el derecho a la alimentación, considerando esta crisis una vulneración de este derecho humano, resultado en buena medida del incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que tienen para con él.

Porque garantizar la alimentación no es lo mismo que garantizar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación implica una serie de obligaciones para los Estados en relación a sus ciudadanos y extraterritorialmente: las obligaciones de respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Respetar el derecho a la alimentación requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a los recursos productivos. Proteger requiere que el Estado vele por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Y, por último, garantizar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho directamente.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 ya apuntaba las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre:

a) “Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” y Ayuda en Acción consideran que:

- el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental base de la dignidad del ser humano, y los Estados deben respetarlo, protegerlo y garantizarlo con todos sus recursos;

- la gravedad de la situación actual requiere una respuesta rápida de la comunidad internacional, que palie los efectos que ya están sufriendo las poblaciones más vulnerables de los países más afectados. Según la FAO, 37 países están enfrentando una crisis y requieren asistencia externa, 21 en África, 10 en Asia, 5 en América Latina y 1 en Europa;

- toda iniciativa para reducir el impacto del alza de los precios de los alimentos debe diseñarse abordando las causas estructurales, invirtiendo en agricultura y desarrollo rural en el marco de una política de soberanía alimentaria;

- las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional, tanto sobre agricultura como sobre otras materias con un impacto directo en ella, como el comercio, deben respetar el disfrute del derecho a la alimentación y nunca obstaculizarlo;

- las políticas agropecuarias no deberían fundamentarse exclusivamente en parámetros de productividad sino considerar otros aspectos relacionados con la multifuncionalidad de la agricultura y teniendo como prioridad la alimentación de las personas.